TÍTULO: Junasa solicita a la Caja de Profesionales la anulación de un nuevo timbre para prestaciones médicas
CUERPO:
La Junta Nacional de la Salud (Junasa) ha instado a la Caja de Profesionales a revocar la medida que establece la aplicación de un timbre profesional sobre los reportes generados por especialistas en el ámbito de consultas y otros servicios asistenciales. Esta solicitud se enmarca en la preocupación por el impacto económico que podría generar en el sistema de salud y en los usuarios.
Según Junasa, «existe evidencia consistente respecto a que el aumento de pagos directos asociados a las prestaciones sanitarias genera reducción en la utilización de servicios», lo que podría tener consecuencias negativas. La resolución en cuestión, emitida por la Caja el 28 de mayo, comenzará a regir el 1º de agosto de 2026, con controles específicos para su cumplimiento.
El organismo de salud argumentó que esta decisión «supone la incorporación de un nuevo costo asociado a la atención sanitaria, con impacto directo sobre los usuarios y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)». En un oficio dirigido a la Caja de Profesionales, al cual tuvo acceso El Observador, se detalla que este incremento afecta a diversas instancias médicas, incluyendo consultas de policlínica, servicios de urgencia y emergencia.
Además, Junasa ha comunicado a los prestadores que esta obligación tributaria se extiende a todos los exámenes y análisis clínicos efectuados a pacientes en la puerta de emergencia, así como a los registros en la historia clínica de pacientes hospitalizados y aquellos que reciben atención a domicilio.
El oficio explica que un incremento en los desembolsos directos por servicios de salud puede traducirse en «diagnósticos más tardíos, agravamiento de condiciones de salud y aumento de la demanda de prestaciones de mayor complejidad», al desalentar el uso de servicios, incluyendo consultas preventivas y de seguimiento. Esta situación es particularmente crítica para individuos con enfermedades crónicas, personas de la tercera edad y sectores de menores ingresos, quienes requieren una utilización más frecuente de atenciones y controles médicos. Junasa subrayó que estas políticas contradicen la dirección que ha impulsado el Ministerio de Salud Pública.
Finalmente, el organismo también alertó que esta determinación «podría tener impactos relevantes sobre la sostenibilidad económico-financiera de algunas instituciones prestadoras de salud».
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