Guido Manini Ríos, líder del partido Cabildo Abierto, se pronunció sobre el reciente anuncio gubernamental acerca del despliegue de vehículos del Ejército en barrios urbanos, haciendo hincapié en la necesidad de un respaldo legal que ampare al personal militar involucrado. Sus declaraciones tuvieron lugar el 23 de junio de 2026.
El senador criticó la manera en que se ha comunicado la medida, señalando que «se ha transmitido la imagen» de que se trata de patrullajes militares, una interpretación que, a su parecer, es incorrecta. En este sentido, Manini Ríos recordó que ya existe una colaboración habitual entre militares y fuerzas policiales para abordar diversas situaciones, como emergencias de todo tipo, operativos en zonas fronterizas o catástrofes climáticas.
Asimismo, subrayó la importancia crucial de que los conductores militares posean una comprensión clara de sus límites de acción. Insistió en la imperatividad de un «marco legal sólido» que les ofrezca respaldo y garantías claras respecto a sus responsabilidades. En esta línea, consideró que portar armamento es «conveniente», siempre y cuando existan las «garantías necesarias» para su uso apropiado.
Por su parte, Pablo Mieres, dirigente del Partido Independiente, expresó su desconcierto ante la falta de claridad en la propuesta gubernamental. «Intento comprender la idea», afirmó Mieres, aludiendo a las múltiples y dispares versiones que han circulado desde el anuncio, lo que, a su juicio, evidencia una carencia de «sintonía» o «armonización» interna en el Ejecutivo sobre el objetivo final.
Aunque se mostró partidario de una «respuesta contundente contra la delincuencia» y de «optimizar las capacidades militares», Mieres enfatizó que cualquier acción debe ejecutarse «dentro de las normativas vigentes» y con un «marco jurídico adecuado», aspecto que, según él, aún no se ha logrado dilucidar.
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