José García Costas, destacado accionista del astillero español Cardama, ha presentado su dimisión al consejo directivo de la compañía. Esta determinación se produce en un momento de tensión creciente con Uruguay, a raíz de la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de cancelar la adquisición de dos patrulleras oceánicas (OPV), un contrato valorado en más de 80 millones de dólares.
La noticia fue difundida por el diario Faro de Vigo, que recogió declaraciones de García Costas. En ellas, el directivo explicó que su retiro es lo más adecuado tanto para él como para el grupo empresarial, asegurando que la decisión fue «entendida» por sus colegas.
Este movimiento se inscribe en el contexto del arbitraje internacional iniciado por Cardama contra el Estado uruguayo. El astillero gallego ha interpuesto una demanda ante la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París, buscando resolución para el litigio.
La acción legal se fundamenta en el artículo 39 del acuerdo suscrito con Uruguay, el cual se refiere específicamente a controversias de índole técnica constructiva. Hasta el momento, el astillero no ha precisado la cuantía económica que reclamará. Dicho artículo estipula que, en caso de surgir desacuerdos técnicos entre las partes que no puedan ser zanjados por la sociedad de clasificación (Lloyd’s Register), el asunto deberá ser remitido a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y resuelto según sus reglas, con París como sede y el español como idioma.
En relación con este proceso arbitral, García Costas, el accionista saliente, comentó a Faro de Vigo que la cuestión «no se va a resolver fácil y rápido», añadiendo que «aún hay problemas sobre cómo se va a enfocar».
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