Germán Aller, catedrático grado 5 de Derecho Penal, sostuvo que el fallo en el caso de Moisés Martínez, quien recibió una condena de 12 años de prisión por el homicidio de su padre tras descubrir los abusos y maltratos sufridos por sus hermanos, se encuentra «bien fundamentado». El especialista expresó sus dudas sobre la posibilidad de que dicho fallo sea revertido en instancias de apelación.
Aller desestimó la tesis de «legítima defensa diferida en el tiempo» que se barajó, argumentando que la diferencia de casi 15 años entre los hechos de abuso y el homicidio «elimina toda posibilidad» de aplicación de este concepto. Aunque no comparta la totalidad del veredicto, el catedrático lo calificó como «no es un dislate jurídico». Según declaraciones a Canal 10, la investigación estableció «una serie de elementos que se dan por probados e implican una forma de dar muerte tremenda». Además, Aller destacó que la mayoría de los disparos impactaron por la espalda de la víctima, sin que esta mostrara signos de defensa, y que el condenado no presentaba lesiones que indicaran un ataque previo.
Moisés Martínez asesinó a su padre de 15 disparos el 25 de mayo del año pasado, tras descubrir los abusos sexuales y maltratos sufridos por sus hermanos durante su niñez y adolescencia. La defensa argumentó en favor de la absolución del joven, invocando el artículo 36 del Código Penal, el cual considera el delito perdonable si es consecuencia de violencia intrafamiliar. No obstante, este pedido fue rechazado por la Justicia. Cabe recordar que, si bien Carlos Martínez había sido condenado en 2010 por violencia y abuso sexual, posteriormente había salido de prisión.
El director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Germán Aller, precisó que, a pesar de la comprensión hacia los temores y miedos de la familia, «en prácticamente 15 años no hubo registros de hechos penalmente reprochables al muerto». Subrayó que si el sistema penal carece de conocimiento sobre los hechos, estos no pueden ser simplemente alegados. Concluyó que «el fallo está bien armado» y que el «planteo de la Fiscalía es serio y congruente».
Por su parte, la fiscal de Homicidios, Sabrina Flores, validó la condena como «acorde» a las pruebas presentadas y afirmó la inexistencia de legislación que ampare este tipo de situaciones. Inicialmente, se había solicitado una pena de 18 años por homicidio especialmente agravado, pero la jueza María Noel Odriozola finalmente dictó 12 años de prisión, una decisión que la familia Martínez ha manifestado su intención de apelar. Reafirmando su escepticismo, Aller insistió: «Quizás una segunda instancia pueda arrojar alguna luz sobre esto, pero me parece dudoso», y enfatizó nuevamente que la premisa de «legítima defensa diferida en el tiempo» carece de fundamento dada la diferencia de casi 15 años que elimina dicha posibilidad.
En relación con el caso Moisés, el abogado penalista Juan Fagúndez, miembro de la Asociación de Abogados Penalistas de Uruguay, señaló que no tiene precedentes de aplicación del artículo 36 del Código Penal para eximir de pena en situaciones similares. Sin embargo, planteó la interrogante sobre la idoneidad de la condena impuesta al joven.
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