El Ministerio del Interior ha iniciado sumarios contra cinco de sus funcionarios y ha reconocido una serie de errores procesales en el trágico caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado por su padre en marzo pasado.
Entre los fallos identificados, se destacan una denuncia por violencia intrafamiliar hacia el menor —alertada por la UTU a la que asistía— que fue ingresada de manera incorrecta en el sistema. Además, se constató una supervisión deficiente del caso y una comunicación inapropiada con el INAU.
La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, quien fungió como ministra interina, presentó estas conclusiones ante la Comisión de Población de la Cámara de Diputados, convocada por el diputado Felipe Schipani. El subdirector ejecutivo de la Policía, Robert Taroco, confirmó que los cinco oficiales enfrentarán procedimientos administrativos debido a las “errores y omisiones” y “falta de supervisión” detectadas.
Valverde detalló ante la comisión el historial de violencia intrafamiliar en la familia de Jonathan. La primera denuncia data de 2018, aunque entonces se indagó a la tía paterna del adolescente. Posteriormente, hubo nuevas denuncias en 2023 y 2024. Esta última derivó en una prohibición judicial para que el padre se acercara o contactara a la madre, pero no así a Jonathan.
En noviembre de 2025, la UTU a la que asistía Jonathan fue quien dio la alerta sobre los moretones y heridas que presentaba el joven. Aunque él afirmó haberse caído jugando fútbol, su madre ofreció una versión diferente. La institución educativa, preocupada, presentó la denuncia en la Comisaría 16°.
Sin embargo, esta denuncia fue mal ingresada por la comisaría, tipificándose incorrectamente como “Averiguación de situación. Menor con discapacidad” en lugar de violencia doméstica. Valverde subrayó que este «error en la tipificación» impidió que el caso siguiera el proceso especializado correspondiente a la violencia doméstica.
Añadido a esto, se constató una “falta de comunicación al INAU”, a pesar de que el juzgado especializado interviniente había ordenado expresamente su intervención. La subsecretaria atribuyó estas fallas a la “falta” de una “supervisión jerárquica de parte del comisario al mando de la unidad”, refiriéndose a la Comisaría 16°.
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