La comisión bicameral encargada de examinar la operación del Estado uruguayo con Cardama para la adquisición de dos patrullas oceánicas progresa en su labor legislativa. Inicialmente, se revisan las acciones emprendidas bajo las administraciones del Frente Amplio entre 2010 y 2020, para luego abordar la suscripción y posterior rescisión del contrato durante el mandato de Lacalle Pou.
El senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, abordó el desarrollo del proceso durante los mandatos de su partido, indicando que en el período de Mujica se comenzaron gestiones al respecto. Sin embargo, en la segunda administración de Vázquez, se priorizaron otras áreas debido a una contracción económica, según declaraciones del exsubsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. Brenta señaló la existencia de contactos por parte del entonces Ministerio de Defensa Nacional, aunque sin una partida presupuestaria asignada para la adquisición.
Posteriormente, la firma del acuerdo con Cardama se concretó durante la gestión gubernamental de Lacalle Pou. El legislador frenteamplista afirmó que, tras examinar el importe de la operación, su concreción no parecía viable, y que se detectaron circunstancias «poco transparentes y bastante confusas» en relación con los precios y las metodologías aplicadas. Desde su bancada, Brenta instó a que la Fiscalía tome las riendas de la investigación del expediente, iniciando las citaciones correspondientes para las declaraciones preliminares.
Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala aseveró que el Frente Amplio «desaprovechó el tiempo» y «las ocasiones» para adquirir las patrullas oceánicas durante su período de gobierno entre 2015 y 2020. Abdala defendió la claridad y rectitud del proceso ejecutado bajo la administración de Lacalle Pou. «El costo ofrecido por Cardama en ese período resultaba el más beneficioso para la nación», aseguró.
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