En una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada el 22 de marzo de 2026 en Bogotá, Colombia, se alcanzaron importantes consensos a pesar de la escasa asistencia de jefes de Estado –solo cuatro de 33 naciones– y las previsiones pesimistas del presidente brasileño Lula Da Silva. El embajador uruguayo Martín Vidal destacó en redes sociales el logro de un «humo blanco» en las negociaciones de los coordinadores nacionales, tras «extensas» discusiones que culminaron la noche del viernes.
La Declaración de Bogotá, un documento de 35 puntos, abordó diversas temáticas de actualidad. Entre las novedades, los países miembros confirmaron la pertinencia de que «una persona nacional de América Latina y el Caribe asuma la responsabilidad de ocupar el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas». Esta aspiración busca armonizar con el principio de equilibrio geográfico y fortalecer la diversidad en la dirección de la ONU. Aunque se mencionaron posibles candidaturas como las de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, Rafael Grossi y la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan, la Celac no profundizó en postulaciones específicas. El gobierno uruguayo, bajo Yamandú Orsi, mostró cautela respecto a nombres concretos, ponderando las condiciones políticas en su nuevo rol internacional. La región considera que esta designación «fortalecerá la capacidad de la ONU» para abordar retos globales y consolidar el multilateralismo.
No obstante, un punto de fricción emergió en el párrafo referente al «bloqueo» de Estados Unidos contra Cuba. La declaración, en su séptimo punto, reiteraba el llamado a poner fin al «bloqueo económico, comercial y financiero» y se oponía a las leyes de carácter extraterritorial. El texto también señalaba que la designación de Cuba como «Estado patrocinador del terrorismo» dificultaba sus transacciones financieras internacionales, sin aludir directamente a Estados Unidos.
La postura sobre Cuba no fue unánime; los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago se abstuvieron de respaldar este segmento del texto. Estos estados, cuyos líderes —como Javier Milei, Nayib Bukele, José Antonio Kast o Santiago Peña— no asistieron personalmente a la cumbre y enviaron delegados, son percibidos como cercanos a la administración de Donald Trump y varios de ellos han participado en la iniciativa del Escudo de las Américas.
Previamente a la cumbre, Lula Da Silva había expresado preocupación sobre la viabilidad futura de la Celac debido al «crecimiento de la extrema derecha». Durante el evento, el mandatario brasileño fue categórico en su rechazo al intervencionismo estadounidense, argumentando que los países de la región han «conquistado [su] soberanía con independencia» y no pueden permitir injerencias externas en asuntos como los de Cuba y Venezuela.
Por otro lado, hubo un consenso firme en reivindicar la región como zona de paz. Asimismo, se logró un acuerdo unánime en el respaldo a los «legítimos derechos» de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, instando a la reanudación de negociaciones con el Reino Unido para una solución pacífica y definitiva, conforme a las resoluciones de la ONU. La declaración finalizó saludando el inicio de la presidencia pro tempore de Uruguay al frente del bloque.
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