Tras un intento de autoeliminación el pasado viernes, Moisés Martínez ha sido ingresado en la unidad de emergencias del Hospital Pasteur. Previamente, había recibido atención en la Policlínica Capitán Tula de Piedras Blancas.
El círculo cercano del joven, junto a su abogado Rodrigo Rey —quien confirmó la situación a El Observador—, se encuentra a la expectativa de la valoración psiquiátrica de los especialistas del Pasteur. El objetivo es determinar la necesidad de una eventual internación, información que Subrayado (Canal 10) había adelantado.
La tentativa de suicidio, que tuvo lugar el viernes en su vivienda, se materializó a través de la ingesta desmedida de psicofármacos. Este acto, según se pudo saber, fue precedido por la recepción de diversos mensajes que contenían extractos de un reportaje periodístico. Dicho material, referente a su esfera privada y proceso judicial, incluyó videos del programa de streaming «Todo se sabe», presentado por Ignacio Álvarez, que un amigo le había reenviado. En ese contexto, Martínez habría consumido una dosis que triplica el umbral de riesgo para ese tipo de medicamentos.
Aunque los facultativos le practicaron un vaciado gástrico para la extracción de las sustancias ingeridas, su estado de salud, hasta la noche del viernes, continuaba siendo de extrema gravedad.
El joven, de 28 años, se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 20 de abril, una medida cautelar dictada días después de ser condenado por el asesinato de su progenitor. La pena impuesta fue de 12 años de prisión, a pesar de que la Fiscalía había solicitado 18. Este fallo fue objeto de controversia por parte de su familia, quienes argumentaron la existencia de un historial de abusos y maltratos por parte de la víctima. El trágico suceso que culminó en la muerte de su padre ocurrió el 27 de mayo de 2025 en el barrio El Monarca de Montevideo.
La decisión judicial del 20 de abril, emitida por la jueza María Noel Odriozola, estableció para Martínez un régimen de arresto domiciliario total, monitoreado con tobillera electrónica, hasta que la sentencia adquiriese carácter firme. Esta resolución reemplazó la reclusión en un centro penitenciario y se prevé su vigencia, de forma inicial, hasta el 26 de noviembre de 2026. El Ministerio Público Fiscal, sin embargo, manifestó su desacuerdo con la modificación de la medida cautelar y procedió a presentar una apelación.
Fuente: Enlace Original
Dejar una contestacion